DAÑOS DERIVADOS DE UNA OBRA LINDERA

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DAÑOS DERIVADOS DE UNA OBRA LINDERAProcedencia de la demanda contra el titular registral del inmueble y el director de la obra. Ausencia de legitimación del consorcista para reclamar daños al muro medianero. Chimenea antirreglamentaria. Ausencia de daño resarcible. Aplicación del art. 1737 del Código Civil y Comercial como doctrina interpretativa. Prestación en especie y principio de congruencia. Cuantificación del daño moral..

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A
07/11/2016
A., N. A. c. Y., G. L. y otro s/ daños y perjuicios

Hechos:

El propietario de una vivienda reclamó los daños derivados de una obra lindera. En primera instancia se admitió parcialmente la demanda contra el titular registral y fiduciario del inmueble donde se realizaba la construcción y contra el director de la obra. La Cámara modificó parcialmente el decisorio.

SUMARIOS:

1 – La supresión de la funcionalidad del hogar existente en la vivienda del accionante y la indemnización por la eventual disminución del valor venal de su propiedad derivada de una obra lindera debe rechazarse, si ese elemento no cumple con lo requerida por el art. 2622 del Código Civil, pues el interés lesionado por el obrar del demandado no puede tener amparo legal al provenir de una situación antirreglamentaria, máxime cuando así resulta del art. 1737 del Código Civil y Comercial, aplicable al caso como doctrina interpretativa.

2 – La condena a realizar una ventilación alternativa a fin de que el accionante pueda reutilizar el hogar existente en su vivienda debe revocarse, pues vulnera el principio de congruencia, dado que aquél no reclamó una prestación en especie sino que solicitó una indemnización por la disminución del valor venal de su propiedad a raíz de la supresión de la funcionalidad del hogar derivada de la obra lindera.

3 – El monto de condena para sufragar las tareas de albañilería, carpintería y pintura en el inmueble del accionante por los daños derivados de una obra lindera debe elevarse, en tanto se aparta de lo informado por el perito ingeniero y es sabido que aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos.

4 – El daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima, en tanto esa idea resulta del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial.

5 – El consorcista no tiene legitimación para reclamar el crédito que tendría por la destrucción del muro medianero encaballado en función de su alícuota proporcional, pues la titularidad activa y pasiva de las relaciones jurídicas que tengan por motivo, objeto o causa a aquel elemento corresponde al consorcio de propietarios, a quien se le reconoce una personalidad restringida a los fines de la administración y gobierno de las partes comunes.

TEXTO COMPLETO:

104742/2012
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre de 2016.
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el doctor Picasso dijo:
I. La sentencia de fs. 1296/1327 hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por N. A. A. y condenó a G. L. Y. y a J. G. F., dentro del plazo de diez días, a abonar a aquel la suma de $118.600, con más los intereses y costas. Asimismo condenó a los demandados a realizar una ventilación alternativa a fin de que el actor pueda reutilizar el hogar existente en su vivienda, con costas. Por otra parte admitió una defensa de falta de legitimación activa interpuesta por los demandados, con costas al actor. Finalmente rechazó la demanda promovida contra Fideicomiso Edificio Alberdi 860, con costas.
Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas del actor a 1355/1366, que fueron contestadas por los demandados a fs. 1371/1375. Por su parte estos últimos expresaron agravios a fs. 1368/1370, que fueron replicados por el demandante a fs. 1379/1380.
II. Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).
Asimismo creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Cód. Civil derogado. Por consiguiente —y con excepción de lo que enseguida diré respecto de la cuantificación del daño— la cuestión debe juzgarse —en principio— a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Cód. Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).
Cabe hacer excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci: “Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). Por este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741 —último párrafo—, 1746 y concs. del Cód. Civil y Comercial son directamente aplicables al sub lite.
III. El Sr. A. reclamó los daños y perjuicios originados por la obra en construcción del predio sito en … de esta ciudad, lindero con su vivienda ubicada en la unidad funcional 6 del inmueble sito en la referida arteria a la altura de los nros. 864/866/868.
A su turno, los demandados —luego de una negativa pormenorizada de los hechos invocados por el actor— alegaron que los detrimentos invocados por este último no tenían relación causal adecuada con la obra en cuestión.
En su sentencia el Sr. juez de grado admitió la defensa de falta de legitimación activa para reclamar la alícuota proporcional por la destrucción del muro encaballado medianero, por entender que el legitimado para efectuar ese reclamo es el consorcio de propietarios del edificio que habita el demandante. Asimismo consideró que el demandado Fideicomiso Edificio Alberdi 860 carece de personería jurídica, y rechazó la demanda en su contra. Asimismo concluyó que G. L. Y. —en su carácter de titular registral y fiduciario del inmueble donde se realiza la construcción— y J. G. F. —como director de la obra— resultan civilmente responsables de los daños causados al actor. Por consiguiente —como ya adelanté— hizo lugar a la demanda contra estos últimos.
IV. En primer lugar corresponde analizar el agravio de Y. y F. atinente a la condena a realizar una ventilación alternativa para la chimenea. Los recurrentes se quejan de que se los haya condenado a ejecutar en especie las reparaciones en lugar de a pagar una suma de dinero, como lo había solicitado el actor; consideran que el colega de grado se pronunció extra petita e infringió el principio de congruencia. Por otra parte entienden que el anterior magistrado también se expidió ultra petita, ya que ordenó realizar una ventilación alternativa para que el hogar existente en la vivienda pueda ser reutilizado, cuando la instalación no estaba en condiciones de ser usada. Asimismo sostienen que no existe nexo adecuado de causalidad entre la obstrucción del conducto de ventilación y el daño derivado de la imposibilidad de usarlo. Por último consideran que la obligación de hacer que les fue impuesta estaría en contradicción con la condena de pagar un resarcimiento en concepto de “pérdida del valor venal de la propiedad” por la supuesta supresión de la funcionalidad del hogar.
Juzgo que les asiste razón en este punto. La condena a realizar una ventilación alternativa a fin de que se pueda reutilizar el hogar existente en la vivienda del actor vulnera efectivamente el principio de congruencia, dado que el actor no reclamó la prestación en especie sino que solicitó una indemnización por la disminución del valor venal de la propiedad a raíz de la supresión de la funcionalidad del hogar (fs. 156 vta.).
Añado que si bien en la demanda se reclamó una reparación pecuniaria correspondiente al costo de las tareas de albañilería, carpintería y pintura, esta pretensión sólo se refirió a la restauración de los locales afectados por fisuras, grietas, rajaduras y “desencuadres” (sic) de puertas, y no respecto de la instalación en cuestión.
Es consecuencia, si se admitiera la solución adoptada por el anterior sentenciante se vulneraría el principio de congruencia, que prohíbe apartarse de las cuestiones que constituyen las pretensiones del actor y la oposición de la demandada, y otorgar algo que no haya sido pedido (extra petita), o más de lo pretendido (ultra petita; esta sala, L. 379.714, “F. H. E. c. R. M. A. s/ Divorcio”, del 14/11/2003; ídem, “J., Gonzalo Daniel c. M., Luis José y otros s/ Daños y perjuicios”, del 04/03/2015). Este principio —de indudable rango constitucional, y reflejado también en los artículos 34, inc. 4°, y 163, inc. 3°, del Código Procesal— exige que exista concordancia entre la demanda, la contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, el objeto y la causa, de modo que las partes, al fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y la oposición de la demandada (esta sala, 08/04/2013, “B., Alicia Haydee c. N., Mario y otros s/ Nulidad de acto jurídico”, L. n° 611.653; ídem, 15/05/2013, “D. M., Nancy Beatriz c. Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 605.263).
Por las consideraciones que anteceden propongo que se revoque este aspecto del pronunciamiento recurrido.
V. El colega de grado reconoció la suma de $30.000 para enjugar la disminución del valor venal de la propiedad. Los demandados cuestionan su procedencia pues consideran que no habría una disminución del valor en la medida en que la condena incluye la ejecución de trabajos destinados a la reinstalación del hogar. Asimismo se agravian del quantum y solicitan que se reduzca, mientras que el actor entiende que aquel importe debe ser elevado.
El demandante reclamó por la disminución del valor venal de la propiedad a raíz de la supresión de la funcionalidad del hogar (fs. 165 vta.). Refirió que en el comedor principal de su vivienda existe un hogar cuya chimenea transitaba verticalmente la porción propia del muro encaballado medianero, y que en el interior de ese hogar existe un quemador de gas con una estética cuyo atractivo visual consiste en la representación de una pira de leños ardiendo. Señaló que la chimenea es parte integrante de la instalación de calefacción, por cuanto constituye el conducto de evacuación de los gases de combustión propios del funcionamiento del quemador de gas, y que al estar obstruido dicho conducto por una viga de hormigón, y no ser posible instalar otro tiraje sin romper la estética global del ambiente, se ve privado de utilizar la mentada instalación (fs. 145/vta.).
No se me escapa que el perito ingeniero, al serle requerido que indicara si podía lograrse una ventilación alternativa que permita el funcionamiento del hogar a gas, así como los costos que eso insumiría, respondió: “debería construirse una ventilación similar adosada a la preexistente, hacia el lado de la actor, lo cual conllevaría a la demolición y reejecución del hogar”; también detalló las tareas que debían ejecutarse y estimó el costo total de los trabajos en $50.528,03 (vid. la respuesta al punto 12, fs. 1197 y fs. anexo B-1 “Calculo de costo de trabajos”, fs. 1185).
Sin embargo también dijo el experto que las medidas del hogar no satisfacen lo requerido por el art. 2622 del Cód. Civil, en la medida en que su fondo se ubica a 0,125 m. del eje divisorio y la norma en cuestión exige la presencia de un contramuro de ladrillo o piedra de 16 centímetros de espesor (vid. la respuesta al punto 10, fs. 1196). Cabe señalar que este aspecto del dictamen no mereció impugnación de los litigantes.
Por otra parte el perito presupuestó los trabajos para la nueva ventilación teniendo en cuenta la exigencia impuesta por el art. 2622 del Cód. Civil, y añadió: “a los efectos de la necesidad de ventilación y contramuro es indistinto si se trata de hogar a leña o a gas, pues en ambos casos existen productos de combustión que deben evacuarse, así como transmisión (además de que la legislación citada no diferencia en la fuente de combustión)” (vid. la respuesta al punto “a”, fs. 1238).
Así las cosas es preciso recordar que el daño resarcible debe consistir en la lesión de un interés lícito (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 124), y que la lesión de un interés contrario a la ley no puede dar sustento a una pretensión indemnizatoria (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 149). Así resulta, por lo demás, del art. 1737 del Cód. Civil y Comercial —aplicable en el caso como doctrina interpretativa—, que dispone que para que haya daño resarcible el interés lesionado no debe ser reprobado por el ordenamiento jurídico.
En este orden de ideas considero que la supresión de la funcionalidad del hogar y la eventual disminución del valor venal derivada de ese hecho no constituyen un daño resarcible, en la medida en que el interés lesionado por el obrar del demandado (el disfrute de la chimenea) no puede tener amparo legal al provenir de una situación antirreglamentaria (contravención al art. 2622 del Cód. Civil).
A mayor abundamiento el experto se refirió a una disminución del valor venal del inmueble, pero no la vinculó a la ausencia de funcionalidad del hogar sino a la pérdida de superficie por el relleno del sector ocupado de la medianera (vid. la respuesta al punto 12, fs. 1208/1209).
En consecuencia considero que debería revocarse este aspecto de la sentencia recurrida, lo que así mociono.
VI. El actor reclamó el crédito que tendría por la destrucción del muro medianero encaballado (parte común del edificio) en función de la alícuota proporcional del 51,04% que le corresponde por ser titular de la unidad funcional donde habita, y ante la falta de administrador.
El magistrado de la anterior instancia admitió la defensa de falta de legitimación activa, porque consideró que las cuestiones relativas al muro medianero y a la reclamación del proporcional por su destrucción corresponden al consorcio de propietarios a través del representante que establece la ley.
El actor alega que satisface los requisitos de la legitimación al ser titular de la relación jurídica sustancial que le da derecho al reclamo y al tener interés en la intervención del órgano jurisdiccional para evitar, resarcir o recomponer un perjuicio contrario a derecho. Añade que el consorcio sólo podría reclamar por la funcionalidad de las cosas comunes, pero no por la propiedad, al no ser su titular.
Adelanto que coincido con el temperamento adoptado por el anterior sentenciante, pues la titularidad activa y pasiva de las relaciones jurídicas que tengan por motivo, objeto o causa al muro divisorio (medianero o no) corresponde al consorcio de propietarios, a quien se le ha reconocido una personalidad restringida a los fines de la administración y gobierno de las partes comunes (esta cámara, Sala H, 29/05/2001, LA LEY 2002-B-360).
Es que el consorcio de propietarios es un verdadero sujeto de derechos con personalidad propia distinto de los miembros que lo integran, al cual la ley le reconoce capacidad para realizar todos aquellos actos que concuerden con los fines de su creación. Si la acción pertenece al consorcio no se concibe que pueda corresponderle simultáneamente a cada uno de los copropietarios, por cuanto podría uno de ellos contrariar el sentir de los demás con respecto al ejercicio de la misma (esta cámara, Sala L, L. 43605 del 30/07/1991).
A mayor abundamiento advierto que el propio actor reconoció que el administrador es quien se encuentra legitimado para efectuar el reclamo. En efecto, el quejoso señaló en su demanda: “La inexistencia de Administrador en el Consorcio, obstativa a el ejercicio por parte de éste del derecho que le corresponde, cristalizaría en privar de la acción por su derecho a esta parte” (sic, fs. 147 vta.; la negrita es de mi autoría).
Por las consideraciones que anteceden juzgo que el agravio en examen no es de recibo, y por consiguiente propongo que se confirme lo decidido con relación al punto en estudio.
En cuanto a las costas de primera instancia, en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal mociono que se confirme su imposición al actor, por haber resultado vencido en su pretensión.
VII. El Sr. juez de grado fijó por gastos por tareas de albañilería, carpintería y pintura el importe de $68.600 solicitado en la demanda.
El actor cuestiona la suma de condena destinada a sufragar esas reparaciones pues lo considera insuficiente, porque se aparta de lo informado por el perito ingeniero, y porque no se habrían tenido en cuenta los hechos producidos durante la sustanciación del juicio que generaron nuevos daños. Asimismo el demandante se queja de que la sentencia en crisis omitió tratar los trabajos necesarios para reparación de la terraza, que solucionaría los problemas de goteras existentes en diversas partes de la propiedad; solicita por dichas tareas la suma de $63.384,60.
El perito ingeniero, en su dictamen de fs. 1189/1210, al ser preguntado acerca de cuáles serían las tareas necesarias para restaurar el inmueble del actor y llevarlo al estado en que se encontraba antes de la producción de los deterioros, indicó: “1.1) Cruce de llaves de acero (tres) en fisura vertical entre medianera y muro de frente y (dos) en fisura vertical en parte superior de muro entre living y espacio de aire y luz. 1.2) Sellado general de fisuras, mediante la aplicación de sellador acrílico. 2.2) Colocar remiendo de membrana asfáltica en la franja antedicha. 2.3) Apertura y cierre de babeta en medianera. 2.4) Reconstrucción de piso de baldosas cerámicas en la franja antedicha. 2.5) Reejecución de pintura impermeabilizante sobre piso, abarcando babeta, la franja antedicha y medio metro más para solape. (…) 3.1) Levantar solado medio metro alrededor del embudo pluvial en azotea inaccesible y reparación de las uniones de la cañería pluvial. 3.2) Colocar remiendo de membrana asfáltica en el sector levantado. 3.3) Apertura y cierre de babeta en medianera.- 3.4) Reconstrucción de piso de baldosas cerámicas en el sector levantado. 3.5) Reejecución de pintura impermeabilizante sobre piso, abarcando babeta, sector levantado y medio metro más para solape. 4) Reconstrucción de remate de ventilación en azotea inaccesible. 5) Ajuste de carpintería de ventana de living hacia espacio de aire y luz, incluyendo lijado y pintura al barniz de partes afectadas.- 6) Picado y reconstrucción de revoques flojos en partes afectadas por fisuras y humedades, incluyendo reparación de ornamentaciones. 7) Pintura al látex acrílico de paredes en espacio de aire y luz, en el nivel de la unidad de la actora. 8) Pintura al látex satinado de paredes, en la totalidad de paredes de locales afectados, por razones de uniformidad estética. 9) Pintura al látex de cielos rasos en locales afectados” (vid. la respuesta al punto 2, fs. 1189/1190). Asimismo el experto presupuestó los referidos trabajos en un total de $105.198,04 (vid. el anexo B-2, “Calculo de costos de trabajos”, fs. 1186).
En cuanto a los trabajos de la terraza, si bien es cierto que el perito señaló que su reparación debería realizarse en forma íntegra, también lo es que aclaró que ello excedería los deterioros propios originados por la obra de la demandada. En efecto, el experto indicó: “las humedades en el cielo raso de la actora junto a medianera ‘se originan en corte de aislación previamente reparada en forma precaria’. Por eso, para un trabajo correcto se debería reconstruir la totalidad de la aislación de cubierta en la totalidad de su superficie, pero ello se vincula a deficiencia propia y previa del inmueble, excediendo la incidencia de la obra de la demandada” (vid. la respuesta al punto 2, fs. 1189/1190).
A mayor abundamiento, al ser preguntado para que dijese si, a efectos de restituir la estanqueidad del techado y garantizar el cese de las filtraciones y goteras que ahora se observan, resulta necesaria la realización de las tareas recomendadas por la Arq. G. en su informe técnico confeccionado el 18/03/2013, el perito fue concluyente: “Se remite a los trabajos indicados en la respuesta al punto 2 del primer cuestionario de la actora, y lo allí analizado, siendo correctos los mencionados en este punto en cuanto coincidan con aquellos” (respuesta al punto “a”, fs. 1191).
El actor impugnó la pericia en este punto. Sostuvo que las tareas deberían abarcar la reparación de la totalidad de la azotea y solicitó que estimase su costo.
El experto mantuvo su dictamen en este tema y señaló: “la reparación integral de la aislación de cubierta excedería la restitución al estado previo a los daños ocasionados por la demandada, corrigiendo la reparación precaria preexistente en la azotea de la actora” (respuesta al punto 1, fs. 1234).
Asimismo el actor solicitó que el perito justificara por qué atribuyó ciertos deterioros a “causas propias de la actora” (fs. 1217). En este punto el experto indicó: “El perito debe estudiar las causas de los distintos deterioros que constata, en base a los signos visibles y la física de la construcción, pues obviamente no visita el inmueble involucrado antes de los hechos que da inicio al litigio. Y esto último es válido no solamente para los deterioros a los que se asigna un origen en el propio inmueble de la actora, sino también un origen en la obra de la demandada. Obviamente las conclusiones del suscripto se basan en tales análisis técnicos, de acuerdo a los fundamentos volcados en el dictamen para cada caso, pues del modo pretendido por la parte para la evaluación de los deterioros propios de su inmueble (presencia del perito antes de la ocurrencia de los hechos, lo que no es posible) no sería factible ninguna conclusión pericial respecto de ninguno de ambos inmuebles” (respuesta al punto 2, fs. 1234/1235).
Es sabido que aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen pericial, si el informe comporta la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, por lo que, para que las observaciones que formulen las partes puedan tener favorable acogida, es necesario que aporten probanzas de similar o mayor rigor técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (esta Sala, 30/11/2012, “G., Aldo Rene y otro c. Microómnibus General Pacheco S. A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, L. n° 562.884; ídem, 18/06/2013, “B. C., Martina y otros c. M., Gustavo y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 606.722).
Por lo tanto, teniendo en cuenta los fundados términos en los que fueron formuladas la experticia y las respuestas a las impugnaciones, les otorgo plena eficacia probatoria (art. 477 Código Procesal).
En consecuencia, propongo admitir el agravio del actor respecto del monto de condena para sufragar las tareas de albañilería, carpintería y pintura, y elevar el importe del rubro a la suma consignada por el perito ingeniero $105.198,04.
No se me escapa que el actor solicitó por este ítem una suma menor, pero lo hizo sujeto a lo que en más o en menos resultare de la sustanciación de las actuaciones (fs. 159 vta.), lo que habilita la fijación del importe correspondiente al valor efectivo de los trabajos de acuerdo al dictamen pericial.
Por el contrario, la queja atinente a que se reconozca una suma para reparar la terraza no es de recibo en la medida en que las tareas ya fueron presupuestadas por el experto y su costo fue incluido en la suma mencionada en el párrafo que antecede.
VIII. El Sr. juez de primera instancia otorgó por daño moral la suma de $20.000. El actor peticiona la elevación del monto.
Puede definirse al daño moral como: “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).
En lo que atañe a su prueba cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del Código Procesal, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LA LEY, 1990-A-655).
Como lo manifesté en otros precedentes (esta sala, 19/12/2012, “C., Gustavo Roberto c. Autopistas del Sol S. A. y otro s/ Daños y perjuicios”, L. n° 606.559; ídem, 16/10/2013, “Y., Enrique Mario c. INC S. A. y otro s/ Daños y perjuicios”, L. n° 623.877), el daño moral no procede únicamente ante hechos gravemente nocivos. Es que, como bien lo señala Calvo Costa: “Aun cuando el perjuicio sea leve, si el mismo reviste el carácter de ‘injusto’ para la víctima (…) debe ser reparado por el responsable. Resulta —a nuestro entender— contrario al espíritu actual del derecho de daños, rechazar la posibilidad de que la víctima pueda reclamar la reparación de un perjuicio que ha sufrido injustamente argumentándose como defensa su insignificancia. Además, no surge de lege lata en nuestro derecho civil prohibición o limitación alguna de reclamar los daños sufridos en razón de la insignificancia de los mismos” (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 236, con cita de Mayo, Zannoni y Boffi Boggero).
En el mismo sentido se ha dicho: “si se acepta que los perjuicios económicos mínimos son indemnizables, por fuerza también deben serlo los desmedros espirituales de escasa significación, el mayor o menor alcance del daño no excluye el resarcimiento, sólo define la importancia de la indemnización” (Zavala de González, Matilde, “Los daños morales mínimos”, LA LEY 2004-E-1311).
En definitiva, para la existencia de un daño moral resarcible basta con que el hecho ilícito haya lesionado intereses extrapatrimoniales de la víctima y tenido cierta repercusión en la esfera espiritual de la persona, sin que sea preciso que nos encontremos ante daños catastróficos o circunstancias excepcionales o gravemente lesivas.
Concluyo entonces que las molestias y sinsabores que sin duda experimentó el actor como consecuencia del deterioro de su vivienda —incluida la necesidad de efectuar reclamos a la contraria y acudir a la vía judicial— califican sin duda como un daño moral resarcible.
En cuanto a su valuación cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/04/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).
En otras palabras el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259).
La misma idea resulta del art. 1741 in fine del Cód. Civil y Comercial, a cuyo tenor: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.
Por consiguiente tendré particularmente en cuenta ese criterio para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.
Así las cosas, teniendo en cuenta los malestares y las angustias que el deterioro del ámbito de su vivienda pudo razonablemente haber generado en el actor, entiendo que la suma concedida por el Sr. magistrado de grado por este rubro es reducida, motivo por el cual propiciaré que se la eleve al importe de $50.000 peticionado en la demanda y al expresar agravios (art. 165 del Código Procesal).
IX. El demandante se queja por el rechazo al reclamo de reintegro de los gastos en que incurrió para tratar de evitar el juicio, pues entiende que la admisión de las referidas erogaciones no requiere de prueba alguna. Asimismo solicita que se incluyan en esta partida los gastos relacionados con el hecho nuevo denunciado.
El actor pidió en la demanda el reintegro de los gastos que —según dice— debió desembolsar para tratar de evitar el litigio por la suma de $3.842 (punto XVIII., fs. 156). Las referidas erogaciones comprenden:
a) Una factura emitida por “Centro de Copiado” que registra dos copias de planos por $80; b) el comprobante de depósito del Banco Nación Argentina por el inicio de la mediación por $35; c) una factura confeccionada por la Agr. R. I. P. atinente a un informe sobre el muro divisorio por $2.057; d) un recibo del Consejo Profesional de Agrimensura por $170, y e) una factura expedida por la Arq. M. E. G. por honorarios profesionales correspondientes a un informe con visita a la vivienda del actor y asesoramiento técnico por $1.500.
El juez de grado consideró que el actor debió acreditar los gastos en cuestión en la medida en que las constancias acompañadas fueron desconocidas por los demandados.
Se ha señalado que “los gastos notariales, los de fotografías o los honorarios de un arquitecto por el presupuesto de las reparaciones que debían efectuarse están comprendidos dentro de las costas procesales y no corresponde su cuantificación dentro del daño emergente, porque son erogaciones necesarias para preconstituir la prueba del reclamante en el juicio. También integran los gastos que demanda la mediación prejudicial obligatoria, porque es una erogación necesaria para evitar el juicio” (esta cámara, Sala M, 15/08/2007, “Mercado, Mayra y otros c. Hazan, Ernesto y otros s/ Daños y Perjuicios”).
Concordemente se ha dicho que los desembolsos inherentes a los informes y comunicaciones extrajudiciales que el actor realice ante de instaurar la demanda configuran, en principio, gastos destinados a evitar el pleito y comprendidos en la genérica condena en costas aplicada al demandado, que deberán ser incluidos en la liquidación de daños causídicos que se practique en la etapa de ejecución de la sentencia (Colombo, Carlos J. – Kiper, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado, LA LEY, Buenos Aires, 2006, t. I, p. 526).
Ahora bien, aunque —como acabo de señalarlo— estos gastos no deben ser acogidos como una partida indemnizatoria porque integran las costas del pleito, lo cierto es que el Sr. juez de grado ya se expidió respecto de su procedencia, lo que aconseja tratar en este acto los agravios vertidos al respecto.
En este sentido tendré por acreditados los gastos efectuados para constatar el estado del inmueble del actor de que dan cuenta las facturas mencionadas en los puntos “c” y “e”, pues en primer lugar los respectivos trabajos se encuentran agregados en autos (vid. fs. 57/64 y fs. 68/72, respectivamente), y por otro no encuentro desproporcionados los importes consignados en dichos comprobantes.
Por otra parte los gastos de fotocopias encuadran dentro de los previstos en el art. 77 del Código Procesal, con lo cual las erogaciones en concepto de copias de planos indicado en el punto “a” habrán de ser admitidas.
Respecto de los gastos de mediación, ellos integran las costas del proceso, por lo que deberán ser computados en la etapa de liquidación (esta Sala, L. 500.077 del 10/03/2009).
Por otra parte en el recibo emitido por el Consejo Profesional de Agrimensura consta el desembolso de la suma de $170 en concepto de “Encomienda n° 088/2012” (fs. 32), número que se condice con la tarea profesional llevada a cabo por la Agr. P., según el registro de fs. 56.
En consecuencia estimo verosímil la existencia de los gastos reclamados por el actor y procedente su reembolso, por lo que mociono admitir por esta partida la suma reclamada de $3.842.-, que luce ajustada al tenor de las erogaciones ya mencionadas (art. 165, Código Comercial).
En otro orden de ideas, con relación al pedido —recién formulado en los agravios— de reembolso de los gastos vinculados al hecho nuevo denunciado por el actor, al tratarse de erogaciones realizadas con motivo de la tramitación del presente juicio su valoración debe ser diferida para la etapa de liquidación, pues integran las costas del pleito (art. 77 del Código Procesal).
X. El demandante se agravia de que el anterior magistrado haya omitido tratar el reintegro de la suma de dinero por la tasa de justicia.
Toda vez que el pago de la tasa de justicia es un gasto causídico del proceso que integra las costas, su tratamiento debe diferirse para la etapa de liquidación, con lo cual corresponde rechazar la queja vertida y confirmar, también en este aspecto, la sentencia atacada (art. 77 del Código Procesal).
XI. Por último, en atención al éxito obtenido en esta instancia por cada una de las partes, en los términos del art. 71 del Cód. Civil juzgo que las costas de alzada deberían imponerse en un 50% al actor y en el otro 50% a los demandados.
XII. Por todo ello, para el caso de que mi voto fuere compartido propongo admitir parcialmente los recursos de las partes, y en consecuencia: 1) Revocar la condena a realizar una ventilación alternativa; 2) Desestimar el rubro “disminución del valor venal de la propiedad”; 3) Admitir la partida “Gastos realizados para evitar el juicio”, por la suma de $3.842; 4) Elevar el importe de los rubros “Gastos por tareas de albañilería, carpintería y pintura” y “Daño moral” a las sumas de $105.198,04 y $50.000, respectivamente; 5) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 6) Imponer las costas de alzada en un 50% al actor y en el otro 50% a los demandados.
Los doctores Molteni y Li Rosi votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor Picasso.
Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, Se Resuelve: 1) Revocar la condena a realizar una ventilación alternativa; 2) Desestimar el rubro “disminución del valor venal de la propiedad”; 3) Admitir la partida “Gastos realizados para evitar el juicio”, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos ($3.842); 4) Elevar el importe de los rubros “Gastos por tareas de albañilería, carpintería y pintura” y “Daño moral” a las sumas de Pesos Ciento Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho con Cuatro Centavos ($105.198,04) y Pesos Cincuenta Mil ($50.000), respectivamente; 5) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 6) Imponer las costas de alzada en un 50% al actor y en el otro 50% a los demandados. Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de La C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase. — Sebatián Picasso. — Hugo Molteni. — Ricardo Li Rosi.