Compra de inmuebles a partir del blanqueo de capitales

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Con dinero declarado del blanqueo se podrán adquirir inmuebles, autos y otros bienes registrables. Hay que esperar la reglamentación, pero por ahora no alcanzaría a las obras en construcción.

El proyecto de Ley de Sinceramiento Fiscal, aprobado ayer en Diputados, permitirá usar el dinero blanqueado para comprar bienes inmuebles y muebles registrables; esto es inmuebles con escritura, sean nuevos o usados, y vehículos como automóviles, camiones, máquinas agrícolas y viales y unidades de uso productivo, como podría ser, por ejemplo, una mulita de carga.

juan-carlos-lopezEl miércoles pasado el presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia (CPI), Juan Carlos López, llevó la idea de permitir la compra de inmuebles al diputado cordobés Javier Pretto, con el objetivo de canalizar ese capital blanqueado, que iba a permanecer inmovilizado por seis meses, hacia la reactivación del mercado inmobiliario.

Esta posibilidad habría estado entre las primeras ideas del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, pero no fue considerada en el proyecto que se trató en Diputados, el cual priorizaba la posibilidad de invertir en fondos comunes de inversión (FCI) y bonos.

A última hora del miércoles se sumó la propuesta al texto, y se amplió a bienes inmuebles y muebles registrables.

diputado-Javier-Pretto“La idea fue lograr que estos fondos se aplicaran a otros sectores y empezar así a movilizar la economía”, aseguró ayer Pretto.

Por su parte, el titular del CPI destacó la receptividad del bloque del PRO. “Es un cambio trascendental; antes no había diálogo, ahora las instituciones son atendidas y los problemas se resuelven”, recalcó López.

La llamada “ley ómnibus”, aprobada en la Cámara Baja, incluye el blanqueo de capitales para financiar el pago de la deuda a jubilados y la adecuación de sus haberes.

La norma, una vez que sea aprobada por el Senado, abre de manera optativa la posibilidad para aquellos que tienen dinero o bienes sin declarar para que lo ingresen al sistema vía pago de una tasa que va del cinco al 15 por ciento, según montos y tiempos.

El texto establece la obligatoriedad de que ese capital se mantenga en el sistema por lo menos seis meses (por ejemplo en una cuenta bancaria), buscando evitar así operaciones especulativas.

Hay que destacar que la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) presentó un proyecto en un sentido similar, pero con una tasa diferencial (sólo pagaba cinco por ciento, a manera de incentivo) y que incluía a la obra en construcción. Javier Novillo Saravia, tesorero de la entidad, señaló la importancia de sumar a los inmuebles que están construyéndose, ya que “es lo que realmente moviliza la economía y genera movimiento de trabajo e impuestos”, por lo que abogó por lograr que esto se incluya en la reglamentación, luego de que sea convertida en ley por el Senado.

Por otro lado, si no le surgen inconvenientes al oficialismo, el proyecto se aprobaría antes de fin de mes, según proyectó Pretto.

Fuentes: LaVoz